CECE propone: Mirada serena a los retos de la enseñanza privada y concertada ante las elecciones generales

Durante décadas de andadura en la dirección de centros educativos, uno aprende que la verdadera educación no se sostiene sobre parches normativos ni sobre bandazos ideológicos, sino sobre pilares firmes de corresponsabilidad, libertad y sentido común. Con la mirada puesta en las próximas Elecciones Generales, la Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada (CECE Andalucía) ha presentado un documento de propuestas que merece ser analizado con rigor, empatía y vocación de servicio a la comunidad educativa.

Lejos de los debates estériles que a menudo polarizan la opinión pública, el sector privado y concertado pone sobre la mesa un diagnóstico estructurado en ocho grandes bloques que inciden directamente en la calidad del sistema, la libertad de las familias y la sostenibilidad de las escuelas. Vamos a analizarlo con la metodología que tanto practicamos en la gestión escolar: desde la realidad del caso y buscando siempre el bien común.

Las propuestas clave sobre el tablero

Un Pacto de Estado y estabilidad normativa. Se reclama un gran acuerdo que supere las constantes reformas orgánicas. Quienes hemos vivido la dirección de un colegio sabemos que la inestabilidad legislativa genera una enorme fatiga en los claustros y una profunda incertidumbre en las familias. La educación necesita horizontes largos, no vaivenes partidistas.

Libertad de elección y trato digno a la iniciativa social. Garantizar el libre ejercicio de los padres para elegir el modelo pedagógico y el centro de su preferencia es un derecho fundamental. La coexistencia de redes no es una anomalía, sino la expresión más clara de una sociedad democrática madura y plural.

Incentivos fiscales y becas basadas en la equidad y el mérito.  Se propone una deducción en el IRPF por gastos de escolarización en centros no concertados, aliviando el esfuerzo económico de unas familias que ya contribuyen a descongestionar la red pública. Asimismo, se exige que las becas estatales tengan como únicos baremos las circunstancias socioeconómicas y la excelencia académica, sin discriminación por la titularidad del centro.

Apoyo directo al alumnado en innovación, idiomas y emprendimiento. Que las ayudas para bilingüismo, competencias digitales, estancias internacionales o Formación Profesional Dual lleguen directamente al estudiante. De este modo, se rompen barreras burocráticas y se garantiza que ningún alumno quede excluido por el tipo de centro en el que cursa sus estudios.

Financiación real de los conciertos y analogía retributiva. Es una urgencia inaplazable actualizar los módulos económicos de los conciertos para ajustarlos a los costes reales de explotación y al impacto de la inflación. Asimismo, garantizar el principio de analogía retributiva del profesorado de la concertada respecto a la pública es una cuestión de justicia laboral y dignidad profesional.

Protección del modelo andaluz de Educación Infantil (0-3 años). El éxito de la red capilar de centros de iniciativa social y privada en Andalucía mediante bonificaciones y convenios debe ser protegido. Es un pilar básico para la conciliación laboral y familiar, la cohesión social y la intervención educativa temprana.

Exención del IBI para la enseñanza reglada. Se solicita modificar la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para extender la exención del IBI a todos los inmuebles destinados a enseñanzas regladas, con independencia de su titularidad. Toda educación reglada presta un servicio de interés general que cumple con el artículo 27 de la Constitución.

Excelencia académica, rigor y autonomía real de los centros.  A la luz de los preocupantes datos del Informe PISA, CECE Andalucía aboga por recuperar la cultura del esfuerzo, elevar las exigencias en matemáticas, lectura y ciencias, y dotar a los equipos directivos de una autonomía pedagógica y organizativa real, huyendo de uniformidades burocráticas.

¿Cuáles serían las consecuencias de no aplicar estas propuestas?

Toda acción de gobierno -o toda omisión- acarrea un impacto directo en el día a día de las comunidades escolares. Si estas medidas no encontrasen eco en las políticas de la próxima legislatura, cabría esperar consecuencias preocupantes:

• Asfixia económica de la red concertada y de iniciativa social: La desconexión entre los módulos de concierto reales y el coste de la vida (inflación, suministros, mantenimiento) conduciría a un progresivo ahogamiento financiero, poniendo en riesgo la viabilidad de numerosos centros, especialmente en entornos desfavorecidos.
• Merma de la libertad de enseñanza: La limitación o encarecimiento de la opción por la enseñanza privada o concertada restringiría de facto el derecho de las familias a elegir el modelo educativo que desean para sus hijos, concentrando la carga asistencial exclusivamente en el Estado y tensionando aún más la red pública.
• Desmotivación y brecha en el profesorado: Mantener desajustes retributivos o sobrecargar con burocracia a los docentes de la concertada erosiona el clima laboral, desincentiva el talento y genera agravios comparativos difíciles de justificar pedagógicamente.
• Profundización en el estancamiento educativo: Si se consolida la devaluación de los criterios de evaluación y se rehúye la exigencia académica y el esfuerzo -como advierten los datos de PISA-, el sistema continuará perdiendo competitividad, debilitando la equidad social y el ascensor educativo que tanto necesitan las nuevas generaciones.

Conclusiones: Preguntas para el pensamiento crítico

Frente a los retos que nos aguardan como sociedad, un educador jamás debe conformarse con la queja estéril; debe apelar a la reflexión profunda de los equipos directivos, las familias y los responsables políticos. Terminemos este análisis planteando cuestiones que nos obliguen a pensar con rigor:

1. ¿Es verdaderamente libre una sociedad donde el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos queda condicionado por su nivel de renta o por la falta de apoyo fiscal a la iniciativa social?
2. ¿Cómo puede hablarse de equidad y calidad en el sistema educativo mientras se mantenga una infrafinanciación crónica de los centros concertados y se debilite la exigencia académica y el valor del esfuerzo en las aulas?
3. ¿Hasta qué punto la autonomía real de los centros y la confianza en sus equipos directivos —en lugar del intervencionismo burocrático— son la única llave maestra para recuperar los estándares de excelencia que reclama nuestro futuro?