Cuando negociar es cuidar un legado: el convenio entre el Lope de Vega y el Ayuntamiento de Benidorm: Un colegio, una ciudad y 25.000 m² en juego
Cuando negociar es cuidar un legado: el convenio entre el Lope de Vega y el Ayuntamiento de Benidorm: Un colegio, una ciudad y 25.000 m² en juego
Una poco de la verdadera historia viene bien para que no hayan relatos que tergiversen u omitan realidades de entrega y de servicio vividas. El Colegio Internacional Lope de Vega no es solo un conjunto de edificios y pistas deportivas. Es un proyecto educativo y familiar, un pequeño ecosistema donde se han entrelazado durante décadas las historias de muchas familias de Benidorm y de fuera.
Hace unos años, ese ecosistema estuvo en riesgo de sufrir una pérdida patrimonial importante. Sobre la mesa del diseño del P.G.O.U del ayuntamiento de Benidorm en la década de los 80 se planteó la posibilidad de que 25.000 m² de suelo pasaran a calificarse como dotación docente “pura”, una figura urbanística que, en la práctica, habría supuesto una desvalorización muy fuerte del valor de ese suelo. Este impacto era significativo contra los intereses de mi familia. Me veía por segunda vez protegiendo el patrimonio de mi madre y hermanos. Hace unos años antes tuve que enfrentarme a un expediente de expropiación promovido por la Consejería de Educación siendo el conseller el Sr. Ciscar. Este asunto será motivo de otro artículo de interés sobre la verdadera historia del Lope de Vega.
Una poco de la verdadera historia viene bien para que no hayan relatos que tergiversen u omitan realidades de entrega y de servicio vividas. El Colegio Internacional Lope de Vega no es solo un conjunto de edificios y pistas deportivas. Es un proyecto educativo y familiar, un pequeño ecosistema donde se han entrelazado durante décadas las historias de muchas familias de Benidorm y de fuera.
Hace unos años, ese ecosistema estuvo en riesgo de sufrir una pérdida patrimonial importante. Sobre la mesa del diseño del P.G.O.U del ayuntamiento de Benidorm en la década de los 80 se planteó la posibilidad de que 25.000 m² de suelo pasaran a calificarse como dotación docente “pura”, una figura urbanística que, en la práctica, habría supuesto una desvalorización muy fuerte del valor de ese suelo. Este impacto era significativo contra los intereses de mi familia. Me veía por segunda vez protegiendo el patrimonio de mi madre y hermanos. Hace unos años antes tuve que enfrentarme a un expediente de expropiación promovido por la Consejería de Educación siendo el conseller el Sr. Ciscar. Este asunto será motivo de otro artículo de interés sobre la verdadera historia del Lope de Vega.
A simple vista podía parecer una cuestión técnica, pero para mí era evidente que aquella decisión afectaba de lleno al patrimonio de mi familia y al futuro del propio proyecto educativo. No se trataba solo de metros cuadrados: se trataba de cuidar un legado.
Una negociación compleja con el Ayuntamiento
En ese contexto se abrió una negociación compleja con el Ayuntamiento de Benidorm. No fue un trámite rápido ni una conversación de despacho más. Había intereses legítimos por ambas partes:
El Ayuntamiento, responsable de ordenar el territorio, buscando espacios para equipamientos y usos públicos.
El colegio y mi familia, defendiendo que no se devaluará de forma injusta un patrimonio construido con esfuerzo durante muchos años.
Mi papel en aquella etapa fue asumir personalmente la responsabilidad de la negociación. No bastaba con decir “no estamos de acuerdo”; hacía falta:
- Entender bien el lenguaje urbanístico y jurídico,
- Sentarse a dialogar con lealtad institucional y buscar el bien común.
Y al mismo tiempo defender con firmeza que esas decisiones tenían consecuencias muy concretas para una familia y una institución educativa.
Fue una negociación llena de matices, informes, reuniones, propuestas y contrapropuestas. Pero una idea me guiaba: buscar una solución que no sacrificara el patrimonio familiar y, a la vez, respetara el interés general de la ciudad. Esta negociación duró dos años aproximadamente.
De la amenaza de devaluación a un suelo con más valor
El punto de partida era preocupante: la calificación como dotación docente sin más podía empujar el valor del suelo hacia abajo, limitando muchísimo sus posibilidades y, con ello, el valor patrimonial de la propiedad.
El resultado final de aquella negociación supuso un cambio cualitativo:
Se logró definir el suelo como dotación docente compatible con uso hotelero y compensar la edificabilidad del suelo de las instalaciones por otro suelo con la misma edificabilidad en una unidad de actuación del PGOU cercana.
Esta compatibilidad y compensación son mucho más que una etiqueta técnica:
- Abre la puerta a un uso mixto que reconoce la realidad educativa del colegio.
- Mantiene vivo un potencial uso hotelero, coherente con la naturaleza turística de Benidorm.
- Facilitó la venta de ese solar edificable que se permutó por el suelo de las instalaciones deportivas para afrontar cuantiosas indemnizaciones fruto de la reuncia del concierto educativo
Y, sobre todo, evita la fuerte devaluación que hubiera supuesto una calificación exclusivamente docente, convirtiéndola en un aumento del valor patrimonial del suelo.
Mirado con perspectiva, este punto es central:
pasamos de un escenario de pérdida a un escenario de revalorización.
No solo se protegió el legado familiar: se consiguió fortalecerlo.
Un acto de servicio a mi familia y a un proyecto educativo
Siempre he vivido la educación como misión y como servicio. En este caso, esa palabra —servicio— tomó una forma distinta pero igual de exigente: servicio a mi propia familia y al proyecto educativo que la sostiene.
Acepté aquella negociación sabiendo que no sería fácil. Supuso:
Horas de estudio, de escuchar a técnicos y abogados.
Reuniones tensas, en las que había que conservar la serenidad.
Decisiones que no podían tomarse desde la improvisación, sino desde una estrategia clara.
Para mí fue:
Un acto de responsabilidad familiar, defendiendo un patrimonio que no había nacido de la especulación, sino del trabajo de varias generaciones.
Un ejercicio de habilidad negociadora e institucional, intentando construir un acuerdo que respetara a la vez el interés general y la justicia hacia el colegio.
El convenio que se firmó, con todas sus limitaciones, consiguió algo decisivo:
evitar la devaluación de los 25.000 m² y consolidar una calificación compatible con uso hotelero, que daba más margen de futuro al proyecto Lope de Vega.
Mucho más que papeles: dominio público y corresponsabilidad
Aquel convenio con el Ayuntamiento no fue solo un documento para archivar. Significó al menos tres cosas:
1. Protección y aumento del valor patrimonial: se evitó una calificación que habría empobrecido el valor del suelo y se alcanzó una solución que lo reforzaba. Y se vendieron activos para hacer frente a obligaciones de pago en indemnizaciones y otras inversiones que no se podían asumir.
2. Seguridad jurídica para el colegio, que podía seguir desarrollando su misión educativa sobre una base más sólida y clara.
3. Reconocimiento institucional del papel del centro en la ciudad, al plasmar por escrito una relación más madura entre el Ayuntamiento y el colegio.
Pero hay un aspecto del convenio que, a mi juicio, merece hoy una reflexión más profunda:
el uso público del suelo deportivo sobre el que se asientan las instalaciones.
El uso público de las instalaciones: una cuestión de bien común
Las instalaciones deportivas del colegio —pistas, campos y espacios al aire libre— se asientan sobre un suelo que, en buena parte, tiene una dimensión pública ligada al municipio de Benidorm. Esto abre una pregunta importante:
¿Cómo aseguramos que ese suelo, con vocación pública, se ponga realmente al servicio de los vecinos, sin el equilibrio adecuado con la actividad educativa?
La respuesta que se diseñó entonces fue la de un uso compartido:
Un uso preferente educativo para el colegio y sus alumnos.
Y un uso público ordenado, en coordinación con el Ayuntamiento, para clubes, escuelas deportivas y actividades ciudadanas.
Aquí aparece una pieza clave que hoy conviene revisar y fortalecer:
un calendario bien definido de uso público, pensado de verdad para el bien de los vecinos de Benidorm.
Un calendario claro, transparente y al servicio de la ciudad
Cuando hablo de calendario de uso público, no pienso en un mero formalismo, sino en una herramienta concreta que responda a preguntas muy sencillas:
¿En qué horarios y días pueden utilizar las instalaciones los clubes deportivos de la ciudad?
¿Qué espacios se reservan para escuelas deportivas municipales y actividades de base?
¿Qué tipo de eventos comunitarios o vecinales pueden celebrarse allí, y cómo se gestionan las reservas?
¿Cómo se garantiza un mantenimiento adecuado de las instalaciones, de forma que el uso público no las deteriore ni suponga una carga injusta para el colegio?
2. Seguridad jurídica para el colegio, que podía seguir desarrollando su misión educativa sobre una base más sólida y clara.
3. Reconocimiento institucional del papel del centro en la ciudad, al plasmar por escrito una relación más madura entre el Ayuntamiento y el colegio.
Pero hay un aspecto del convenio que, a mi juicio, merece hoy una reflexión más profunda:
el uso público del suelo deportivo sobre el que se asientan las instalaciones.
El uso público de las instalaciones: una cuestión de bien común
Las instalaciones deportivas del colegio —pistas, campos y espacios al aire libre— se asientan sobre un suelo que, en buena parte, tiene una dimensión pública ligada al municipio de Benidorm. Esto abre una pregunta importante:
¿Cómo aseguramos que ese suelo, con vocación pública, se ponga realmente al servicio de los vecinos, sin el equilibrio adecuado con la actividad educativa?
La respuesta que se diseñó entonces fue la de un uso compartido:
Un uso preferente educativo para el colegio y sus alumnos.
Y un uso público ordenado, en coordinación con el Ayuntamiento, para clubes, escuelas deportivas y actividades ciudadanas.
Aquí aparece una pieza clave que hoy conviene revisar y fortalecer:
un calendario bien definido de uso público, pensado de verdad para el bien de los vecinos de Benidorm.
Un calendario claro, transparente y al servicio de la ciudad
Cuando hablo de calendario de uso público, no pienso en un mero formalismo, sino en una herramienta concreta que responda a preguntas muy sencillas:
¿En qué horarios y días pueden utilizar las instalaciones los clubes deportivos de la ciudad?
¿Qué espacios se reservan para escuelas deportivas municipales y actividades de base?
¿Qué tipo de eventos comunitarios o vecinales pueden celebrarse allí, y cómo se gestionan las reservas?
¿Cómo se garantiza un mantenimiento adecuado de las instalaciones, de forma que el uso público no las deteriore ni suponga una carga injusta para el colegio?
¿Cómo saber actualmente si existe un verdadero uso público a través de las veces que ha sido utilizado por el pueblo a lo largo de un año?
Un calendario claro, pactado y conocido permitiría:
Evitar sospechas y malentendidos.
Hacer visible que ese suelo, aún vinculado a un proyecto educativo concreto, cumple una función social real.
Convertir el convenio en una herramienta viva de colaboración entre Ayuntamiento, colegio y tejido social y deportivo de Benidorm.
Cuidar el legado y servir al bien común
Si miro hacia atrás, veo aquella etapa como una mezcla de tensión, responsabilidad y aprendizaje. La negociación fue dura, pero necesaria. No la viví como una victoria personal, sino como un paso obligado para:
Proteger y revalorizar el legado familiar y educativo.
Mantener la vocación pública de unas instalaciones deportivas que, bien gestionadas, pueden ser un regalo para la ciudad.
Mi deseo, al escribir estas líneas, es triple:
- Que se reconozca que el origen de ese convenio fue una negociación complicada, que evitó una seria devaluación y logró una calificación de dotación docente compatible con hotelero, aumentando el valor patrimonial del suelo.
- Que se entienda que el reto de hoy es profundizar en el uso público de ese suelo, con un calendario bien definido y transparente, pensado sinceramente para el bien de los vecinos de Benidorm.
- Y que se ponga en valor la acción y resultado en torno al contencioso administrativo que tuvo que plantearse obligado por las circunstancias para dar mayor seguridad jurídica al convenio y resolver temas pendientes como el pago de IBI, el remanente a favor del colegio, pues quedó un saldo a favor del Lope de Vega, regularizar situación de instalaciones ubicadas en el suelo público y otras cuestiones.
de que el patrimonio —familiar y educativo— no sea un muro que separa, sino un puente entre una historia concreta y el bien común de toda una ciudad.
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