Cuando quien debe impartir justicia cruza la línea: una reflexión necesaria La reciente resolución del Tribunal Supremo confirmando el cese de Arturo Rodríguez Lobato —por ejercer simultáneamente como juez sustituto y como abogado— vuelve a poner sobre la mesa algo más profundo que una simple incompatibilidad administrativa. Nos recuerda hasta qué punto la confianza en nuestras instituciones depende, en gran medida, de la rectitud personal de quienes las sirven. 1. Un hecho que no es menor La noticia es clara: el alto tribunal ha ratificado que Rodríguez Lobato firmó varias demandas como abogado mientras seguía ostentando funciones judiciales. La ley lo prohíbe expresamente, y no por capricho, sino porque la imparcialidad del sistema judicial es un pilar que no admite zonas grises. No estamos ante un error administrativo ni ante una excepción justificable. Estamos ante una conducta incompatible con la esencia misma de la función judicial. 2. No es un delito penal… pero sí una quie...